Los sindicatos critican la implantación del nuevo programa informático en los juzgados

    Tras la última reunión mantenida el 24 de mayo con el Jefe de Servicio de Tecnología e Infraestructuras de Justicia del Gobierno de Aragón, y después de varias reuniones donde se ha puesto reiteradamente de manifiesto, desde el primer momento, las deficiencias que se han detectado sobre sus planes de formación y de implantación, la Dirección General de Justicia y el Gobierno de Aragón vuelven, una vez más, a hacer caso omiso a todas nuestras advertencias, ignorando las propuestas sindicales de previsión y mejora.

    30/05/2018.
    Protesta en la Ciudad de Justicia

    Protesta en la Ciudad de Justicia

    Esta postura de pasividad ante nuestras reclamaciones, y la forma en las que se está llevando a cabo el despliegue no hacen sino demostrar su incompetencia, nos ha conducido a los cuatro sindicatos representativos de la Admón de Justicia a exigir por escrito ante la Dirección General, el CESE INMEDIATO de Dº. Ángel Sanz Barea, responsable de la implantación del Sistema de Gestión Avantius, por su nefasta gestión del proceso de formación e implantación de dicho programa en Aragón:

     Formación: Escasez de horas, materia muy condensada y sin especificar para los distintos órdenes jurisdiccionales.

     Aglomeración de alumnos en las aulas.

     Falta de previsión en las condiciones de las aulas de formación.(aglomeraciones y

    ordenadores no configurados,…)

     Falta de previsión de otros requisitos indispensables como la firma electrónica.

     Incumplimiento del número de formadores en los juzgados para impartir la formación “insitu”.

     Comunicación incorrecta, tardía e incompleta del despliegue de Avantius a los funcionarios de justicia. (Calendarios de formación e implantación).

     Calendario de implantación en Zaragoza capital incongruente por el periodo vacacional que comprende.

     La no creación de la Comisión de Seguimiento como estaba prevista inicialmente.

    Igualmente, exigimos a la Directora General la renovación de los miembros de los grupos de trabajo tanto de Dirección como de Política de Migración por su más que comprobada incapacidad de considerar todos los aspectos que afectan a la totalidad del despliegue y no solo a aquellos que afectan a los Cuerpos a los que pertenecen, condicionando así las políticas de la Dirección General. Todo ello se traduce en una forma de eludir responsabilidades, recayendo éstas directamente en los funcionarios, como es la introducción de los datos que el grupo decidió no migrar, aumentando además su carga de trabajo de forma considerable.

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