Por un sistema justo de acceso a la nacionalidad

    El pasado 15 de octubre se cumple el tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil (BOE 14 de julio) y su reglamento de desarrollo. Desde la Plataforma Ciudadana Contra el Racismo de Zaragoza seguimos denunciando este sistema al considerarlo discriminatorio.

    22/10/2018.
    Nacionalidad española

    Nacionalidad española

    Es sabido que de las medidas que impulsa la citada ley tales como: tasas administrativas (que actualmente ascienden a 102€ mínimo en todos los casos, incluidos menores), exámenes para la obtención de un diploma español como lengua extranjera –DELE– de nivel A2 (124€) y pruebas de valoración del conocimiento de la Constitución y costumbres españolas –CCSE– (85€) han supuesto una barrera infranqueable para muchas personas que desearían obtener la nacionalidad española y que cumplen los requisitos de residencia en España para solicitarla.

    Por qué decimos que es discriminatoria:

    Porque ha pasado de ser un procedimiento gratuito a tener que pagar un mínimo de 187 € en el caso de demandantes de nacionalidad procedentes de países de habla hispana mayores de edad y de aproximadamente 289 € para personas de otras nacionalidades.Obligatoriamente a partir de junio de 2017 la única vía posible presentación, instrucción y resolución de los expedientes es la vía telemática. Esta circunstancia resulta especialmente gravosa para este colectivo afectado por la “brecha digital”.A fecha de hoy, la oferta de centros para la obtención del DELE A2 solo se ubican en la ciudad de Zaragoza y las pruebas del CCSE (Conocimientos Constitucionales y Sociolaborales de España) en Aragón solo se pueden realizar en las localidades de Jaca y Zaragoza.

    Aunque ya se contempla la posibilidad de solicitar una dispensa (exención de examen) para algunos supuestos tales como analfabetismo, discapacidad o certificación de ESO o estudios superiores obtenidos en el país, seguimos esperando la regulación reglamentaria del sistema de dispensas. Falta información desde el Ministerio de Justicia que ha previsto la posibilidad de solicitud pero no regula el procedimiento ni se pronuncia en plazos de resolución.

    El tiempo de resolución “prometido” de un año desde el registro del expediente no se está cumpliendo…siendo el tiempo de espera medio de dos años.

    Por todo ello, y porque creemos que se debe realizar un proceso de reflexión en el que participen sindicatos y entidades sociales y de inmigrantes, con el fin de modificar la regulación actual del acceso a la nacionalidad por residencia. La obtención de la nacionalidad debería ser un procedimiento integrador que no supusiera una carrera de obstáculos sino el último paso para el acceso a la ciudadanía en igualdad para personas que llevan un dilatado tiempo viviendo entre nosotros y aportando lo mismo que cualquier otra persona en la construcción de nuestra sociedad. Para estas personas la obtención de la nacionalidad no debería ser un premio graciable sino el reconocimiento de un derecho.

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