Comisiones Obreras de Aragón | 24 abril 2024.

Día internacional de la salud y la seguridad en el trabajo

La salud laboral, indisociable de la salud pública

    En el marco de la celebración del Día Internacional de la salud y la seguridad en el trabajo, Comisiones Obreras de Aragón y la Unión General de Trabajadores de Aragón consideran que este 28 de abril no puede ser como el de otros años. Nos enfrentamos a una crisis mundial - como no se recordaba desde hace más de un siglo- que ha llevado a los sistemas sanitarios más allá de sus límites; ha paralizado gran parte de la actividad económica y, lo que es más grave y doloroso, se ha llevado decenas de miles de vidas solo en España. Por eso, hoy el recuerdo es para esas víctimas, sus familiares; amigos; compañeros y compañeras de trabajo y, para las personas que trabajan, que con riesgo de su salud, han dado la batalla a esta enfermedad en primera línea.

    28/04/2020.
    28 abril 2020

    28 abril 2020

    Los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales como, por ejemplo: sanitarios, transportistas, trabajadores del campo, trabajadores y trabajadoras de la limpieza, y el comercio, cuidadores y cuidadoras, personal de los cuerpos del orden y seguridad del Estado, etc. Todos ellos, han demostrado la importancia de la clase trabajadora para garantizar el funcionamiento de nuestra sociedad.

    La organización considera que la pandemia ha puesto de manifiesto una realidad: la salud laboral es indisociable de la salud pública. De hecho, los contagios en el ámbito laboral y en los desplazamientos vinculados han sido importantes vectores de propagación del virus.

    Han quedado en evidencia, las políticas que pretenden priorizar los beneficios empresariales sobre otros derechos prioritarios como es son la salud y el trabajo, en unas condiciones dignas. Así, las políticas de austeridad impuestas para abordar la crisis de 2008 arrasaron los derechos sociales y laborales. Fruto de estos recortes se diezmaron los servicios públicos, que ahora se revelan imprescindibles, como la sanidad pública. También se redujeron las inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de financiación de políticas públicas activas en materia preventiva.

    La consecuencia fue clara: peores condiciones de trabajo, mayor precariedad laboral, y un repunte, en la última década de los accidentes de trabajo, y de las enfermedades profesionales, aunque sigue existiendo una infradeclaración de las mismas.

    Datos

    Según datos del Gobierno de Aragón, en los dos primeros meses de 2020 hubo 3.206 accidentes laborales, de los cuales 2.753 sucedieron en jornada de trabajo y 354 fueron accidentes in itinere.

    Por sectores, el sector de industria es el más perjudicado con un incremento de casi 14% con respecto al mismo periodo, produciéndose 839 siniestros laborales en jornada, seguido de servicios (sube un 12,21%), construcción (5%) y agrario (4,92%). La siniestralidad sube en los dos primeros meses un 11,41% en jornada, y baja en los accidentes in itinere en un 5,82%.

    En cuanto a las enfermedades profesionales, los datos reflejan un descenso en el registro de las mismas, disminuyendo en un 14,66%.

    La prevención es un derecho, no un negocio

    En un manifiesto conjunto, las organizaciones sindicales destacan que, desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hace 25 años, se ha desvirtuado la prevención y, en muchos casos, se ha contemplado como un negocio, no como un derecho, al externalizarse su gestión.

    Además, se han evidenciado los vacíos institucionales y la escasa actuación pública para regular mínimamente “el mercado de la prevención” y acabar con su mercantilización. Así, aunque los servicios de prevención, son indispensables para la organización de las actividades preventivas en las empresas, en muchos casos, han mostrado limitaciones para minimizar las exposiciones al virus. El papel de los servicios de prevención ajenos ha sido escandaloso, ya que no han desarrollado, ni antes, ni por supuesto ahora, una verdadera prevención en las empresas, sino que se han limitado a tramitar la documentación requerida con el fin de cumplir, a efectos meramente formales, con la normativa.

    Principales demandas:

    Para lograr la plena integración de la salud laboral en la salud pública es precisa una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo del Gobierno de Aragón . Tanto el ISSLA como Salud Publica y la propia Inspección de Trabajo, padecen limitación de recursos. Además, la escasez de inspectores de trabajo, España tiene una de las ratios más baja de Europa, ha dificultado sobremanera la atención a las denuncias presentadas. A esto se añade otro obstáculo: el criterio seguido por el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha renunciado a paralizar actividades por riesgo grave e inminente de contagio ante el coronavirus o a proponer sanciones en una mayoría de situaciones.

    Por último, señalan que tras el Covid-19 la salud y la seguridad de las personas trabajadoras debe convertirse en un eje central en las relaciones laborales y en las políticas económicas.

    La epidemia de COVID-19 revela la debilidad de la prevención de riesgos laborales en España; la escasez de recursos en las administraciones; la falta de inversión en Prevención en las empresas; que anteponen en muchos casos el beneficio a la salud de las personas trabajadoras; las limitaciones o la inacción de los servicios de prevención; la falta de integración de la salud laboral en la salud pública; la falta de coordinación entre administraciones; la escasez de recursos humanos o la falta de apoyo a nuestras denuncias por parte de Inspección de trabajo.

    Ambos sindicatos reclaman más recursos para el ISSLA y una mayor inversión en la prevención en las empresas aragonesas. Los sindicatos reclaman mayor coordinación entre las administraciones, integrar la salud laboral en la pública y mayor control en las empresas que no cumplen la normativa.

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