CCOO denuncia la pasividad del Gobierno ante la mercantilización de servicios públicos de la Administración del Estado

    El sindicato alerta de la pérdida de derechos de las ciudadanas y los ciudadanos por la falta de actuaciones contra la venta de citas previas, y alerta del grave riesgo social de este modelo de Administración al servicio de quienes pueden pagar. Apunta a la falta de personal público y a la dejadez en la digitalización como elementos de deterioro.

    07/07/2020.
    Empleados y empleadas del sector público

    Empleados y empleadas del sector público

    El nuevo modelo establecido por parte de la administración en el Ministerio de Trabajo y en el de Seguridad Social para la atención al público es en esencia una pérdida de derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, y establece además un claro riesgo social ya que este modelo de Administración se pone al servicio de quienes pueden pagar. Apunta de forma decidida por prescindir de la figura del funcionario como elemento clave en una administración independiente y del servidor público como forma de relación del ciudadano con la administración, todo ello en aras de una supuesta mejora con el establecimiento de la administración electrónica.

    CCOO ha denunciado la falta de respuesta del Gobierno ante la venta de citas previas para servicios públicos como el SEPE y Seguridad Social a través de páginas web y aplicaciones para móviles. Una reventa que pone en riesgo los datos de carácter personal de quienes hacen uso de ellos, y que, sobre todo, incrementa la vulnerabilidad de las personas más desfavorecidas, que son, precisamente, las que necesitan más ayuda para el acceso a estos derechos.

    La atención telemática tiene que ser un derecho, y no un medio único, que es lo que se está persiguiendo con las instrucciones dadas por la Dirección General de la TGSS y que ya se están llevando a cabo en la AEAT o en otros organismos. Sin embargo, nos encontramos que un 63,3% de los internautas ha contactado o interactuado con las administraciones públicas a través de internet, esto supone un 57,6% de la población de entre 16 a 74 años en el 2019. Entre las actividades que ha realizado el 53,7% de las personas cuando ha interactuado con la administración ha sido para obtener información de las páginas webs de las administraciones públicas; el 40,4% ha descargado formularios oficiales y el 51,2% ha enviado formularios cumplimentados (declaración de la renta, solicitar citas médicas…).

    Como dato destacado apuntar que un 11,3% de las personas declara que habiendo tenido la necesidad de presentar un formulario ante la administración pública finalmente no lo hizo.

    Si se le pregunta por las causas para que no lo enviara el 51,8% afirma que lo tramitó por internet otra persona en su nombre (gestor o un conocido); el 33,1% por la falta de habilidades o conocimientos y el 24,6% por no disponer o tener problemas de firma digital o certificado electrónico. (Fuente INE)

    Estos datos muestran que una gran cantidad de ciudadanos (42,4%) no utilizan la administración electrónica por diferentes causas y que de aquellos que la utilizaron, un 11.3% no acabo el proceso de presentación siendo muy destacable que el 51,8% acabo utilizando un gestor o un conocido y un 33,1% no tenía conocimientos. Con estos datos es muy poco creíble el modelo de autogestión que preconiza nuestra Dirección general., al menos a corto y medio plazo.

    Pero es que la situación es más sangrante si nos atenemos al sector de la población más envejecido, con menos recursos, o emigrante, ya que sus conocimientos o medios para relacionarse telemáticamente son muy inferiores al resto y esto requiere un refuerzo evidente de la atención presencial, garantizando medios suficientes tanto en personal público como de equipos informáticos y programas actualizados y eficientes. Sin estos elementos, es imposible garantizar la igualdad, objetividad y transparencia en el acceso a los derechos de la ciudadanía, y poner en práctica esa coletilla que viene usando el Gobierno de no dejar a nadie atrás.

    Por ello desde CC.OO. rechazamos el nuevo modelo de atención que quiere imponer la Dirección General, por improvisado, y sobre todo por suponer un portazo al ciudadano que lo que percibe es un muro en vez de una Administración abierta, además de que potencia la externalización a través de gestorías que tienen un interés meramente privado y de beneficio económico, algo que está en las antípodas del propio concepto de Administración Pública.

    La atención presencial es un derecho del ciudadano y una vía tan válida como los medios telemáticos, no se puede poner al ciudadano ante la necesidad de acudir a un intermediario si lo puede pagar.

    El primer paso para poner soluciones está al alcance del Gobierno, que solo tiene que ejecutar con celeridad las ofertas de empleo público de 2018 y 2019, incluyendo las de estabilización del empleo temporal, para empezar a resolver la falta estructural de plantilla que acumulamos. Y, como segunda medida, reconducir la política de privatizaciones hacia un modelo de gestión con personal público, para lo que cuenta con instrumentos legales que permiten la contratación para situaciones puntuales de acumulación de tareas, como la que se viene produciendo estos meses en organismos como el SEPE o el INSS.

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