Comisiones Obreras de Aragón | 28 marzo 2024.

“Las medidas aprobadas por el Gobierno van en la buena dirección, a expensas de la concreción de las medidas fiscales”

    25/06/2022.
    Medidas anticrisis del Gobierno

    Medidas anticrisis del Gobierno

    A la espera de analizar los detalles de las medidas contra la inflación que hoy ha anunciado el Gobierno, CCOO valora positivamente la continuidad de las medidas ya en vigor y las nuevas iniciativas que se incorporan adicionalmente, en los términos que ha expresado el Presidente del Gobierno en su comparecencia pública.

    El sindicato considera que estas medidas deben utilizarse para exigir a las organizaciones empresariales mayor corresponsabilidad en la lucha contra la inflación.

    Para CCOO es razonable que la prórroga y vigencia de las nuevas medidas se prolongue en principio hasta final de año, evitando escenarios anteriores de multiplicación de dificultades de convalidación de normas de protección y escudo social.

    La cuantía comprometida, de 9.000 millones de euros, 5.500 millones en ayudas directas y el resto en minoración de la recaudación fiscal por el establecimiento de distintos incentivos, es relevante. Dedicar un esfuerzo de un 1 punto del PIB, sumando los dos paquetes ya aprobados, de medidas anti-crisis tras el inicio de la invasión de Ucrania y el comienzo de la actual fase de tensión agudizada en el precio de la energía, supone mantener, por parte del Gobierno de coalición, una sensibilidad social que es necesaria en estos momentos.

    El incremento del ingreso mínimo vital en un 15% es una buena noticia. Esta figura va configurando, lentamente, una red de protección relevante, que ya se sitúa en torno a 400.000 titulares de prestación y se acerca al millón de beneficiarios, si bien aún muy por debajo de lo previsto. Saludar esta medida no impide demandar una reflexión sobre su diseño precipitado –mejorable sin duda–, la necesidad de completar sus desarrollos reglamentarios aún pendientes y, finalmente, abordar su eficacia en la concurrencia con las rentas mínimas de las comunidades autónomas para conseguir que suponga un refuerzo de las redes de garantía mínima de rentas y evitar que se utilice para reducir –sustituyendo– el esfuerzo que en esta materia vienen realizando las administraciones autonómicas y, en menor medida, locales.

    También lo es el incremento de las pensiones no contributivas en un 15%, con vigencia hasta final de año, medida anunciada en un acuerdo parlamentario reciente con motivo de la tramitación de la hace poco aprobada reforma de la Ley de planes y fondos de pensiones. Es esta una medida, que afecta a 450.000 personas, que está previsto abordar también en la negociación de la segunda fase de diálogo social en materia de Seguridad Social y que, como anticipamos, CCOO demandará que se aborde no de manera temporal sino permanente, en un marco de revisión del conjunto de las pensiones mínimas en España.

    Esperamos a conocer los detalles del anunciado bono de 200 euros para personas con ingresos inferiores a 14.000 €/anuales, trabajadoras por cuenta ajena o propia y personas en desempleo. Es una medida paliativa y temporal de los efectos de la inflación en las economías más modestas, por tanto segmentada hacia quien tiene mayor necesidad, y cuya forma de concreción es relevante para determinar su alcance para esos 4 millones de personas que se señalan como objetivo.

    La disminución del IVA de la electricidad del 10% al 5%, medida positiva, sin duda, que alivia la carga de consumo en los hogares, más cuanto menos renta se tiene, debería ir acompañada de medidas efectivas de control de precios para evitar que en un plazo breve de tiempo quede absorbida por un incremento de los mismos. En cualquier caso, este tipo de medidas son válidas en un contexto de emergencia como el actual, pero no deben consolidar la idea de la necesidad de una bajada generalizada de impuestos.

    Saludamos, especialmente, las medidas para el fomento del transporte público: reducción del 50% del precio de abonos transporte del Estado y subvención del 30% de los autonómicos y locales. Las comunidades autónomas y administraciones locales deben contribuir a esta medida con un esfuerzo adicional, en precio y en despliegue de vehículos, unidades y medios de transporte público, para apostar de manera decidida por el ahorro energético y una menor dependencia de los combustibles, fomentando la movilidad colectiva.

    España no debe esperar más para sumarnos a otros socios europeos que ya han puesto en marcha el anuncio de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas. Recibimos, por tanto, de forma favorable esa noticia así como su aplicación retroactiva para que no queden fuera del mismo los beneficios extraordinarios que ya se están produciendo, gravando la actividad económica y las rentas personales y familiares. Esperamos y demandamos una concreción inmediata de esta medida.

    El Gobierno debería utilizar también estas y otras medidas con el objetivo de condicionar la resistencia empresarial a abordar un pacto de rentas equilibrado en el que todas las fuentes de renta contribuyan a abordar las tensiones inflacionistas apoyadas en potentes medidas de política pública, sin volver a presionar de manera exclusiva sobre los salarios.

    El Gobierno tiene que ser consciente de que la ralentización del crecimiento económico que se ha observado en el primer trimestre tiene que ver, ante todo, con el deterioro del consumo de las familias. Siendo esto así, ante el bloqueo de la negociación colectiva los sindicatos hemos impulsado una campaña de movilización que está cristalizando en importantes acuerdos en muchos convenios. Pero esta estrategia sindical tiene que verse acompañada con medidas fiscales que vayan más allá de las referidas a las empresas energéticas, por ejemplo modificando el impuesto de sociedades y garantizando una recaudación suficiente para hacer políticas sociales derivando excedentes y beneficios empresariales a las rentas de la mayoría social.

    En definitiva, se deben implantar medidas de apoyo a la equidad fiscal en nuestro país para abordar las transformaciones que necesitamos y mantener medidas de protección y escudo social que, como hemos comprobado una y otra vez en los últimos años, son imprescindibles.