Comisiones Obreras de Aragón | 16 junio 2026.

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CCOO denuncia el incumplimiento de la implantación de la jornada de 35 horas para 936 trabajadores penitenciarios de Aragón

    La Administración Penitenciaria plantea aplicar la jornada de 35 horas únicamente a los servicios centrales de Madrid, dejando fuera a cerca de 25.000 trabajadores y trabajadoras de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias e incumpliendo el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril entre el Ministerio de Función Pública y las organizaciones sindicales. En Aragón, esta decisión afecta directamente a 936 empleados públicos: 540 en el Centro Penitenciario de Zuera, 260 en Daroca y 136 en Teruel.

    27/05/2026.
    cárcel

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    La sección sindical de CCOO en Instituciones Penitenciarias denuncia que la administración de este sector público convocó el pasado 19 de mayo, y fuera del plazo establecido, a los sindicatos representativos para abordar la implantación de la jornada de 35 horas exclusivamente en los servicios centrales de Madrid, incumpliendo así las directrices marcadas por la Secretaría de Estado de Función Pública y por el ministro Óscar López.

    Según CCOO, lo que debía haber sido una reunión de carácter técnico para adaptar la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, de 14 de abril, y aplicar la jornada de 35 horas al conjunto del personal de la Administración General del Estado, terminó convirtiéndose en un intento de “negar el derecho a la negociación colectiva y priorizar intereses particulares de los gestores”. El sindicato critica que la Administración rechazara desde el inicio extender esta medida al conjunto del personal penitenciario, alegando dificultades organizativas pese a haber contado con un plazo de un mes para preparar su aplicación.

    CCOO considera que esta actitud ha generado falsas expectativas entre la plantilla penitenciaria y denuncia, además, la búsqueda de “connivencia con una parte sindical” para justificar una propuesta que únicamente beneficiaba a los responsables de los servicios centrales de la calle Alcalá, desvirtuando el horario de especial dedicación recogido en la Instrucción de la Secretaría de Estado de Función Pública.

    El sindicato asegura haber sido la única organización que defendió el cumplimiento íntegro de la Resolución estatal y propuso mantener los horarios actuales para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, compensando el exceso de 109 horas derivado del paso de 1.642 a 1.533 horas anuales mediante permisos adicionales.

    CCOO recuerda que Instituciones Penitenciarias cuenta con cerca de 30 años de experiencia en la organización de la jornada de 35 horas en los centros penitenciarios de Navarra y País Vasco, regulada mediante una circular interna aprobada en 1997. Este sistema se articula a través de permisos adicionales y continúa vigente en la actualidad.

    Por ello, el sindicato defiende que “lo más eficiente es extender esa normativa específica interna al resto de centros penitenciarios y a todo el personal, incluidos los equipos directivos”, una medida que, además, “no supondría un incremento del gasto presupuestario”.

    Objetivo: reducir la jornada a 35 horas

    Para CCOO, la implantación de las 35 horas es “irrenunciable” porque supone reducir la exposición al riesgo laboral de un colectivo que registra el mayor número de agresiones dentro de la Administración General del Estado. Asimismo, considera que la reducción de jornada permitiría mejorar la conciliación familiar de muchos trabajadores y trabajadoras que desempeñan su labor lejos de su lugar de residencia y contribuiría a una gestión más eficiente del servicio público penitenciario.

    El sindicato insiste en que no existe ninguna dificultad real para homologar las condiciones laborales del personal penitenciario de Navarra —que continúa dependiendo del Ministerio del Interior— con las del resto de centros penitenciarios del Estado. “Las supuestas complejidades técnicas a las que alude la Administración parecen más bien una maniobra para obstaculizar las directrices de Función Pública, sin ningún fundamento objetivo”, concluye CCOO.