Comisiones Obreras de Aragón | 19 agosto 2026.

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón denuncia la "coerción involutiva" de la nueva orden de actividades extraescolares

    El sindicato reclama un acuerdo que garantice la seguridad jurídica del profesorado y regule las condiciones en las que se presta este servicio educativo.

    29/07/2026.
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    La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha denunciado la "coerción involutiva" que, a su juicio, supone el borrador de la nueva orden de actividades complementarias y extraescolares elaborado por el Departamento de Educación. El sindicato considera que el texto no responde al problema que originó su elaboración y, en cambio, incrementa el control sobre el profesorado, la burocracia y la carga de trabajo de los centros.

    Para CCOO, las actividades complementarias y extraescolares con contenido curricular, así como los servicios complementarios sin dicho contenido, forman parte indispensable de un servicio educativo de calidad entendido en su sentido más amplio.

    Como sindicato de clase y defensor de una escuela pública inclusiva, CCOO sostiene que la Administración debe garantizar que todos estos servicios se presten en los centros públicos y lleguen a toda la población, especialmente al alumnado más desfavorecido. En muchos casos, subraya, “estas actividades constituyen la única oportunidad para que una parte importante del alumnado aragonés acceda a espacios y experiencias sociales, culturales y naturales que, por su entorno socioeconómico, no podría conocer de otra manera”.

    El sindicato recuerda que el problema que ha motivado este proceso nace de la falta de "empatía" jurídica de la Administración hacia una profesora y un profesor tras un accidente ocurrido durante una actividad extraescolar. Por ello, asegura que el profesorado aragonés esperaba una respuesta que reforzara su protección jurídica y no un compendio de la normativa ya existente.

    Sin embargo, CCOO considera que el borrador no solo no avanza en esa protección, sino que profundiza en uno de los principales problemas de la gestión educativa: el aumento de la carga burocrática y la reducción de la autonomía pedagógica y organizativa de los claustros, pese a que el propio preámbulo del texto afirme lo contrario.

    A juicio del sindicato, la propuesta supone una nueva vuelta de tuerca en el control sobre el profesorado y refleja unas políticas educativas de corte neoliberal que pretenden convertir una de las interacciones sociales más profundas, la educación, en una sucesión de procedimientos tasables. Esto, advierte, obliga al profesorado a centrar buena parte de su trabajo en la cumplimentación de formularios, en detrimento del tiempo, el esfuerzo, los conocimientos y la profesionalidad que deberían dedicarse a comprender y atender las necesidades del alumnado.

    En cuanto al contenido concreto del borrador, CCOO denuncia que la norma establece que la responsabilidad de las actividades recae en última instancia sobre la dirección de los centros educativos; refuerza el papel de control de los Servicios Provinciales; atribuye a los equipos docentes tareas "detectivescas" para determinar si alguna familia oculta información relevante sobre sus hijos e hijas; convierte al profesorado en responsable de la custodia del alumnado durante los tiempos libres en actividades como los viajes de estudios, sin diferenciar entre edades; y le asigna funciones de carácter "policial" ante el alumnado que incurra en incumplimientos graves o reiterados de las normas de convivencia.

    Además, el sindicato critica que todas estas nuevas obligaciones se planteen sin delimitar ratios adecuadas, diferenciadas según el tipo de actividad y la edad del alumnado, y sin establecer ni asumir el coste económico ni el cupo docente necesarios para desarrollar estas actividades. En la práctica, señala, todo el esfuerzo organizativo y de ejecución recae sobre los claustros.

    Por todo ello, la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón reclama la apertura de una negociación real que permita aprobar una normativa que garantice al profesorado aragonés la posibilidad de desarrollar las actividades complementarias y extraescolares con dignidad, seguridad jurídica y las garantías necesarias.