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Comisiones Obreras de Aragón | 26 febrero 2021.

CCOO denuncia la extensión de la pobreza energética y pide medidas efectivas para combatirla

    Con motivo de la celebración de la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética, entre el 17 y el 22 de febrero, CCOO quiere llamar la atención sobre las elevadas cifras de personas y hogares que son incapaces de mantener un gasto adecuado en electricidad y gas.

    16/02/2021.
    Pobreza energética

    Pobreza energética

    Antes de la pandemia, entre 3,5 y 8 millones de personas se encontraban en situación de pobreza energética en España, según la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2019. Aunque todavía no existen datos oficiales, con la pandemia y las olas de frío de este año es probable que la incidencia de la pobreza energética haya aumentado al pasar la población mayor tiempo en casa, en un periodo en el que además disminuían sus ingresos por el deterioro del mercado laboral.

    Desde CCOO se piden medidas que aborden de manera efectiva la pobreza energética como desarrollar mecanismos para evitar el corte de suministro en los hogares más vulnerables o ampliar el bono social.

    Tras el fin de la prórroga de prohibición de cortes de luz, agua y gas para todos los hogares que ha estado vigente entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre, debe incluirse el principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética. Este principio consiste en imponer a las compañías la imposibilidad de cortar cualquier suministro hasta que los servicios sociales puedan certificar que no se trata de una familia vulnerable.

    El bono social eléctrico debería llegar a más personas puesto que en la actualidad su cobertura –1,1 millones de personas según la CNMC– es muy inferior al volumen de población que el propio gobierno estima está afectado por la pobreza energética. Igualmente, el bono social térmico, cantidad anual que se concede a los beneficiarios del bono social de electricidad para hacer frente a otros gastos energéticos, debe contar con mayor financiación pública y no estar sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

    Son necesarias también otras medidas que incidan en factores estructurales de la pobreza energética como los elevados precios del gas y la electricidad que pagan los hogares españoles, o la deficiente eficiencia energética del parque de viviendas.

    Las causas subyacentes de las elevadas facturas se deben a la disfuncional regulación del mercado eléctrico, configurado en torno a un modelo de subastas marginalistas para la fijación de precios. En este sentido, CCOO reclamamos una reforma del mercado energético que evite el oligopolio de las grandes empresas eléctricas que se reparten cuantiosos beneficios y, tras una minuciosa auditoria, se tomen las medidas y políticas necesarias para la reducción del precio de la energía. Es necesario eliminar de la factura los peajes y cánones no relacionados con la producción y distribución de la electricidad y el gas. El IVA tendría que reducirse del 21% al 10 %, al tratarse de un bien básico fundamental para tener una calidad de vida suficiente.

    Debe también impulsarse un plan de rehabilitación integral de edificios y viviendas, priorizando aquellos en los que viven las familias en situación de vulnerabilidad. Tanto el Plan Nacional contra la Pobreza Energética como el Observatorio Europeo de Pobreza Energética reconocen que la falta de eficiencia energética de las viviendas es otro de los factores que acentúa la pobreza energética. España tiene un parque de 25 millones de viviendas en general muy obsoleto, el 60% de las cuales se construyó sin ninguna normativa de eficiencia energética, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

    Todas estas medidas deben enmarcarse en el objetivo más amplio de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social, y han de contar con una financiación suficiente y estable, y con la actuación coordinada de los diferentes niveles de gobierno y de las administraciones públicas.